Nunca estuvo en la agenda –por lo menos en forma explícita- de ningún gobierno constitucional si la educación universitaria es un bien prescindible. Sin embargo, los interrogantes se acentúan cuando el énfasis está puesto sobre si el garante de tal derecho humano básico debe ser cumplido por el Estado o realizarse en formar privada.
Fue recién durante el gobierno de Frondizi -1958-1962 –que se aprobó la ley de educación superior que permitía a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes y subsidiaba a la educación privada, en su gran mayoría en manos de la iglesia católica.
Aquellos defensores del sector privatizado enfatizan que las políticas de educación superior deben estar regidas ante todo por los principios de equidad, eficiencia y libertad de elección, amparándose en el modelo neoclásico, intensificado durante el menemato, que sostiene que es mediante el libre juego de la oferta y la demanda la única forma de garantizar simultáneamente estos tres objetivos. Uno de sus ejes centrales es que si el Estado no es capaz de jerarquizar las empresas públicas, porqué habría de hacerlo respecto a la formación académica. "Si la educación privada forma parte de un modelo único de educación pública tiene su fundamentación en la libertad de enseñanza", afirmó el 18 de junio pasado el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Oporto.
Más allá de todo debate, todavía hay quienes sueñan estoicamente con una universidad laica, pública, y enaltecen los valores de la gratuidad y el prestigio.
A 90 años de la reforma universitaria iniciada en Córdoba y que luego tendría incidencia decisiva en Latinoamérica, es imprescindible rememorar algunos de los preceptos principales que inspiraron a la lucha: “la universidad debe ser autónoma, autogobernada, y capaz de elegir su propio gobierno sin injerencia del poder político, y dándose sus propios estatutos y programas de estudio”.
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